EDITORIAL.- Diario "El Comercio", on-line, 9 de Octubre de 2008.
Las últimas evaluaciones sobre los niveles de contaminación por residuos mineros en Junín son espeluznantes. Y es que una vez más muestran los nefastos efectos que han causado en la calidad del agua, suelo y aire en diferentes sectores geográficos del departamento.
Es igualmente grave que los médicos reporten que, en los últimos dos años, haya aumentado el número de casos de cáncer y de otras enfermedades producidas por el consumo indirecto de arsénico, cianuro, mercurio, dióxido de azufre, entre otros. Peor aun es que la contaminación se haya extendido más allá de La Oroya y abarque toda la cuenca del Mantaro, lo que afecta a toda la población, incluso a las madres gestantes y a los recién nacidos.
El daño es enorme y puede costar la vida a muchas personas, por lo que la indignación no basta. El Gobierno debe prevenir y sancionar; actuar a través de su Ministerio del Ambiente para exigir a las mineras informales y formales, sobre todo a Doe Run, que cautelen la salud de la población. En otras palabras, que sean socialmente responsables.
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